En este último reto del curso "Fundamentos sobre la igualdad de trato y la no discriminación" promovido por el INAP se nos plantea desde diferentes ópticas transmitir una idea sobre el cambio que debe mostrarse en el funcionamiento diario de una Administración Pública.
Para ello, he elegido la Opción 1, la cual consiste en hacer un ejercicio de "introspección" y preguntarnos ¿qué podemos hacer cada una de las personas, desde nuestra posición como empleadas o empleados públicos, para impulsar la igualdad de trato y no discriminación?".
En primer lugar debemos citar las cuatro "Normas de cabecera" en vigor, las cuales constituyen un cuarteto inseparable y transversal en materia social:
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
Dicho lo cual, y citado el marco jurídico en vigor en nuestro país, me gustaría apuntar algunos aspectos a modo de ítems o pinceladas a tener en cuenta para lograr una Administración más igualitaria e inclusiva tanto en su organización interna como en su relación con los ciudadanos (administrados).
Establecer un agente activo en materia de accesibilidad, que evalúe periódicamente la accesibilidad no sólo de las instalaciones de los diferentes organismos, sino también aspectos accesibilidad en la comprensión y visualización de la cartelería en Oficinas de Registro y Atención al Público, etc. Prmoviendo sellos de calidad anuales, fomentando la competitividad entre Ministerios.
Disponer de diferentes vías de comunicación en resoluciones y acuerdos que se notifican en los distintos procedmientos administrativos; no sólo basta la notificación escrita por correo postal (en papel), también se debería establecer a través de comparecencia en sede electrónica o a través de la Carpeta Ciudadana, un archivo de audio a través de CSV para personas ciegas, por citar un ejemplo.
Manuales y cartas de servicio disponibles en formato de lectura fácil, comprensible así para toda la población, con dificultad de lectura o comprensiva. Realización de la misma información en formato braille.
Pantallas informativas en oficinas de registro más accesibles con dispositvos de subtitulado, diferentes tipologías de letra (para favorecer la comprensión a personas con dificultad de visión) y mayor contraste.
Disponer de un empleado público en cada organismo conocedor de lengua de signos, fundamentalmente en oficinas de registro y atención al público.
Formación de empleados públicos en las diferentes Administraciones Públicas en un plan formativo, para poder así convertirse en personas proactivas y sensibilizadas en materia de igualdad y diversidad. Los ciudadanos que acuden a diario a las oficinas de atención al público presentan multitud de cuestiones para solventar su problemas administrativos, actuando la Administración como garante legal para resolverlos; y actuando así igualmente a la diversidad de personas que componen nuestra sociedad, todos igualitarios en derechos y deberes.
Portales de internet y sedes electrónicas accesibles digitalmente, en formato de "lectura fácil", puede generar entornos en la web más amigables y con ello se incentiva lo que promulga la Ley 39/2015: se debe tender a las relaciones electrónicas ciudadano-Administración, consiguiendo así una Administración más eficiente, ágil, repercutiendo en el beneficio de todos.
Igualmente, se pueden incluir vídeos de YouTube
subtitulados y con inclusión de lenguaje de signos, donde nos expliquen
los pasos a realizar en los diferentes trámites y procedimientos
administrativos en cada organismo.
Con estos ítems, a modo de guión o buenas prácticas, se puede conseguir una Administración Pública más abierta; pero todo esto se debe ver acompañado de la profesionalidad de los empleados públicos en la comunicación directa con los ciudadanos; caso de oficinas de atención al público o de registro, donde se debe utilizar un lenguaje más inclusivo e igualitario, rechazando los estereotipos marcados por la sociedad.
Ése el verdadero reto del día a día, la relación directa con los ciudadanos, ya sea presencial o telefónica, e incluso por videoconferencia (citas que tenemos por ejemplo en las Gerencias Territoriales del Catastro, como sistema novedoso implantado a raíz del confinamiento por el COVID-19). En definitva, dar un mejor servicio público.
Termino citando, como no puede ser de otra manera, el Artículo 103 de la Constitución Española: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
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